"El caso Grupo Central expuso una falla estructural del sistema de control"

El caso de Grupo Central Automotores, concesionaria denunciada por estafar a más de 500 personas en su sucursal de Núñez, puso en evidencia un problema más profundo que trasciende lo individual. Los testimonios de los damnificados, los reclamos judiciales y el impacto mediático revelan un vacío en los mecanismos de control y una falta de transparencia que afecta a todo el sector. Lo que comenzó como una denuncia aislada terminó exponiendo una red de irregularidades que golpeó de lleno la confianza del consumidor.

Para comprender cómo fue posible que una maniobra de tal magnitud se sostuviera durante meses sin ser detectada, entrevistamos a Martín Coo, periodista especializado en economía y mercado automotor. Coo trabajó varios años en Motor1 Argentina, donde analizó la evolución del mercado, las políticas de consumo y los desafíos de la industria automotriz frente a los cambios económicos del país.

¿Qué lectura hacés de este caso desde el punto de vista del mercado automotor?

El caso de Grupo Central no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un sistema con controles débiles. En la Argentina, el rubro automotor está muy atomizado, hay concesionarias oficiales y otras que operan bajo licencias dudosas. Cuando falta fiscalización real, se genera un terreno fértil para estas prácticas. Lo preocupante es que la estafa afectó a cientos de familias, y eso deteriora la confianza del consumidor en todo el sector.

¿Cómo logran estas empresas sostener una fachada de legitimidad durante tanto tiempo?

A través de la apariencia. Locales grandes, logos similares a los de marcas reconocidas, contratos bien redactados, y sobre todo una comunicación cuidada. En muchos casos, utilizan nombres parecidos a concesionarias oficiales. Todo eso genera una ilusión de respaldo institucional. La mayoría de los damnificados pensó que estaba tratando con una empresa seria.

¿Cuál creés que fue el rol de los medios en la difusión del caso? ¿Hubo cobertura suficiente?

Al principio, no. Los primeros reclamos se perdieron entre redes y foros. Los medios suelen reaccionar cuando ya hay una causa judicial o una masa crítica de denuncias. Pero creo que esta vez, una vez que explotó, la cobertura fue importante. Aun así, falta periodismo de consumo que anticipe, que investigue irregularidades antes de que el daño esté hecho.

¿Qué impacto tiene un caso así en la industria automotriz y en la confianza del público?

Enorme. Cuando la gente escucha "estafa de concesionaria", no distingue entre una oficial y una trucha. Todo el mercado se ve afectado. Las marcas oficiales tienen que salir a reforzar la comunicación, aclarar qué concesionarias están registradas y cuáles no. La confianza se pierde muy rápido y cuesta mucho recuperarla.

¿Qué medidas creés necesarias para evitar que algo así vuelva a pasar?

Primero, controles más estrictos del Estado: registros públicos actualizados, inspecciones periódicas y sanciones ejemplares. Segundo, educación al consumidor: saber cómo verificar si un local es oficial, qué documentos pedir, y desconfiar de los precios demasiado bajos. Y tercero, transparencia en la comunicación de las propias marcas, que muchas veces no informan claramente quiénes son sus representantes legales.